Directo a la Cámara Baja se dirige el proyecto iniciado en moción que facilita la participación ciudadana en lo relativo a la declaración de impacto ambiental. ¿Cómo? Aumentando el plazo para que los posibles afectados medio ambientalmente presenten la solicitud respectiva.
Los senadores presentes en la sesión ordinaria aprobaron en general y particular la norma sin modificaciones, por 27 votos a favor y una abstención. Con ese resultado, el texto vuelve a la Cámara de Origen, el que deberá remitirlo al Ejecutivo para su promulgación como ley.
La propuesta se funda en el hecho que, sometido un proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), éste puede derivar en una Declaración de Impacto ambiental, o en un Estudio de Impacto Ambiental, según el tipo de proyecto de que se trate. Una de sus principales diferencias está en los procesos de participación ciudadana contemplados en cada caso, el cual es obligatorio en el caso de los Estudios, pero que, tratándose de las Declaraciones, esta situación es distinta.
Cuando un proyecto es sometido al SEIA, se ordena una Declaración, y en la medida que éste genera cargas ambientales para las comunidades próximas, se hace necesario que el proceso de participación ciudadana sea activado mediante una solicitud formulada por, a lo menos, dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica.
El problema identificado por los legisladores radica en el plazo. Existen solo 10 días siguientes a la publicación en el Diario Oficial del proyecto sometido a Declaración de Impacto Ambiental, para que dichas organizaciones activen el proceso de participación.
NORMA
– Aumenta, de 10 a 30 días, el plazo para presentar la solicitud de realización de un proceso de participación ciudadana en el caso de Declaraciones de Impacto Ambiental que se presenten a evaluación y se refieran a proyectos que generen cargas ambientales para las comunidades próximas.
DEBATE
Durante el debate en Sala, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, la senadora Paulina Núñez informó la norma detallando que “se trata de extender el plazo para solicitar declaraciones de impacto ambiental por parte de las comunidades. Esto se refiere a la participación de la ciudadanía que busca hacer observaciones a los proyectos que los afecten medio ambientalmente”.
Tras ello la senadora Isabel Allende manifestó que “la participación ciudadana se verá potenciada con esta ley. Queremos con esto disminuir los procesos de judicialización. Esto tiene que ver con el derecho a la información ambiental, esto es parte del tratado Escazú”.
